Al comenzar este nuevo año, el Estado de California en Estados Unidos se convirtió oficialmente en un «Estado Santuario», una designación que significa que el Estado más poblado de esa nación simplemente limitará qué tanto los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley cooperarán con las autoridades federales de inmigración.
La ley fue firmada por el gobernador Jerry Brown en octubre, pero no entró en vigencia sino hasta el 1 de enero. Esto, en parte, prohíbe a la policía preguntar a las personas sobre su estado migratorio o participar en algunas actividades federales de inmigración.
«Estos son tiempos inciertos para los californianos indocumentados y sus familias, y este proyecto de ley logra un equilibrio que protegerá la seguridad pública, al tiempo que proporciona una medida de bienestar a las familias que viven con miedo todos los días», dijo Brown cuando firmó el proyecto, haciéndolo ley.
El presidente Trump prometió tomar medidas enérgicas contra las llamadas «Ciudades Santuario» y firmó una orden ejecutiva hace casi un año que se adoptó para retirar el dinero de las subvenciones federales de las ciudades que «albergan» inmigrantes indocumentados.
Un juez federal bloqueó permanentemente dicha orden en diciembre, cuando dijo que la administración de Trump carece de la autoridad para imponer nuevas condiciones de gasto que ya han sido aprobadas por el Congreso. Dijo que la orden ejecutiva de Trump violó las enmiendas quinta y décima.
¿Qué son las ciudades santuario?
Si bien las especificaciones exactas pueden variar, las políticas de una Ciudad Santuario en general limitan qué tanto los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes locales cumplen con las autoridades federales de inmigración.
San Francisco, por ejemplo, aprobó una ordenanza en 1989 que prohíbe que los empleados, fondos o recursos de la ciudad ayuden al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a aplicar la ley federal de inmigración a menos que así lo exijan las leyes estatales o federales.
También aprobó una ordenanza que limita cuándo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden notificar al ICE que un inmigrante ha sido liberado de una cárcel local y prohíbe a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cooperar con las solicitudes de detención del ICE.
Según los informes, Berkeley, cerca de San Francisco, es la Ciudad Santuario original. Aprobó una resolución en 1971 que protegía a los marineros que querían resistir la Guerra de Vietnam.
Es difícil establecer un número concreto de cuántas ciudades se consideran un santuario para los inmigrantes: algunas ciudades tienen una ordenanza o una política en su lugar; otras no.
Además de ciudades, cinco estados -California, Oregon, Connecticut, Rhode Island y Vermont- han promulgado leyes que limitan qué tanto puede contribuir la policía con asistencia a los agentes federales de inmigración, según el New York Times.
El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés) argumenta que los condados, no solo las ciudades, deberían establecer políticas de santuario para los inmigrantes indocumentados.
¿Cómo son vistos?
El debate sobre las Ciudades Santuario se intensificó en julio de 2015 cuando Katie Steinle, de 32 años, murió mientras paseaba por la zona costera de San Francisco con su padre. Steinle fue asesinada a tiros por un hombre con antecedentes penales que se había metido ilegalmente en los Estados Unidos varias veces.
Un jurado de California absolvió al hombre acusado de dispararle a Steinle de los cargos más graves, incluyendo el asesinato, el homicidio involuntario y el asalto con un arma mortal. José Inés García Zárate solo fue condenado por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.
Mientras se espera que sea deportado, el Departamento de Justicia está considerando presentar cargos federales contra él.
El Fiscal General Jeff Sessions se dirigió el año pasado a una sala llena de fiscales federales y agentes del orden público y criticó a ciudades, como Filadelfia, que están «dando santuario» a los delincuentes. Les pidió que «reconsideren el daño que le están haciendo a sus residentes».
El ILRC argumenta que las jurisdicciones locales de aplicación de la ley no tienen una «obligación legal de ayudar con la aplicación de la ley de inmigración civil, que es responsabilidad del gobierno federal«.
«Una decisión local de ofrecer recursos a las autoridades federales de inmigración es completamente voluntaria«, dijo la organización legal en un informe de 2016.
El ILRC calificó la amenaza de Trump de restringir el financiamiento federal de las Ciudades Santuario como «puramente como represalia por su motivación«.
Muchos alcaldes de estas ciudades también han rechazado la amenaza y continúan ratificando protección para los inmigrantes.
«No vamos a sacrificar a medio millón de personas que viven entre nosotros, que son parte de nuestras comunidades, cuyos familiares y seres queridos son en muchos casos personas que son residentes permanentes o ciudadanos», aseguró el alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio, un demócrata, el año pasado.